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Luego de que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, declarara que se analiza la posibilidad de solicitar carné de vacunación contra la COVID-19 para ciertas actividades, como entrar a centros comerciales, restaurantes y subirse a la Metrovía, se ha abierto un debate sobre la legalidad de la medida.
Carlos Farhat, director de la mesa técnica cantonal de Guayaquil, detalló que se ha tratado de incentivar “por las buenas” a la ciudadanía. Pero que si no se vacunan tendrán que tomar estas medidas, para proteger a los “ciudadanos responsables” que sí se han inmunizado.
El abogado constitucionalista, Francisco Guerrero, dice que este tipo de medidas no son procedentes porque la Constitución establece que nadie puede ser discriminado por ninguna causa. “No puede haber una discriminación por cuestiones relacionadas al estado o condiciones de salud”, resalta.
Para establecer una restricción de ingreso a una entidad privada “hay que determinar si efectivamente constituye un acto de discriminación. En mi opinión pedir un carné de vacunación implica que te están obligando a revelar una cuestión relacionada con tu estado de salud, lo cual no debería exigirse”, agrega Guerrero.
La doctora Verónica Bravo, quien labora en una clínica en Quito, menciona que la gente necesita más educación sobre las vacunas y no restricciones. “En nuestro caso tuvimos dos funcionarios que no querían vacunarse, uno de ellos maneja los desechos, una labor que lo pone en vulnerabilidad. Pero los abordamos y les indicamos los beneficios de la vacunación”.
Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional (UIDE), detalla que sí es posible restringir el ingreso a espacios siempre que sean privados.
Ron dice que así como pasaba en las discotecas que tenían ‘derecho de admisión’, los restaurantes, centros comerciales o bares privados pueden establecer sus restricciones de acceso porque son establecidas por el dueño. (I)
Fuente: La Hora
